Alguien dijo que un artículo que no se estropea es una tragedia para la industria.

Cada día hay menos detractores de la existencia de lo que se conoce como obsolescencia programada, que no es otra cosa que recortar de forma deliberada la vida de un producto (generalmente aparatos electrónicos) para aumentar el consumo de productos similares.

Recuerdo a mi abuela diciendo que su primera lavadora le duró más de 30 años y la tiró aún funcionando. Hoy en día esto es impensable. Baterías que duran dos o tres años, impresoras que dejan de funcionar al llegar a un determinado número de copias, aparatos de televisión con duración limitada a unos miles de horas, etc.

A los usuarios nos afecta directamente a la cartera pero además hay que tener en cuenta el mayor consumo de recursos naturales y de materias primas por el uso de estas prácticas, a la vez que se generan más residuos y se aumentan las emisiones de CO2.

Se calcula que en 2017 se generaron a nivel mundial 65’4 millones de toneladas de residuos electrónicos. Si bien, en teoría, los productos desechados se reciclan, parece ser que en torno a dos terceras partes de los residuos no son correctamente reciclados y suponen una amenaza para el medio ambiente. Un dato muy curioso y de enorme importancia es que, a pesar de que el consumo de productos electrónicos está al alza e igualmente es mayor el volumen de basura electrónica, las plantas de reciclaje cada vez trabajan menos. Esto es debido principalmente por la proliferación de piratas de la chatarra que recogen los residuos para extraer únicamente la parte que más les interesa (cobre, aluminio, hierro…) y se deshacen en lugares no adecuados de los elementos más peligrosos para el medio ambiente.

En Francia ya existe una norma, aprobada en 2015, que impone multas de hasta 300.000 € y penas de dos años de cárcel a las empresas que fabriquen y diseñen sus productos para que duren un tiempo predeterminado.

En España existen voces que solicitan se apruebe una ley similar en nuestro país.